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A continuación, se detallan nuevas medidas de carácter económico y social aprobadas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para afrontar la situación generada por la crisis sanitaria del coronavirus COVID19, resumidas por la abogada y directora financiera Mar Díaz Gamero

Fuente normativa:

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

I. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS

Ayuda de hasta 900 euros mensuales para el pago del alquiler

¿En qué consiste?

Se trata de una ayuda de hasta 900 euros mensuales destinados al pago del alquiler, para personas  que acrediten estar en situación de vulnerabilidad y tengan problemas transitorios para atender al pago total o parcial de su arrendamiento.

La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y del 100% de la renta arrendaticia. Se podrá conceder por un plazo de hasta 6 meses, pudiendo incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020. Tiene que acreditarse el pago de las últimas tres mensualidades y aún no se pueden solicitar.

No se trata de un préstamo, sino de ayudas a fondo perdido.

Para que la ayuda alcance los 900 euros mensuales, es necesario haber accedido primero a los préstamos para el alquiler ofrecidos por el Estado.

¿Quién puede beneficiarse?

Las personas acrediten estar en situación de vulnerabilidad y que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Sus ingresos deben ser menores en tres veces al IPREM (1.613 euros al mes) en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del alquiler, más los suministros básicos (luz, agua, electricidad, gas, comunidad), tiene que ser superior al 35 por ciento de los ingresos de la unidad familiar (en el caso de autónomos, una reducción del 40% de sus ingresos).
2. Que se trate de su vivienda habitual y no tener relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguineidad o de afinidad con la persona  arrendadora de la vivienda.
3. No tener relación alguna como socio o partícipe de con la persona física o jurídica que actúa como arrendadora.
4. Estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de ninguna residencia en propiedad.


¿Cómo se solicita esta ayuda?

En el caso de Andalucía, las solicitudes se podrán empezar a presentar a principios de junio, se resolverán conforme vayan llegando. En la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se irá informando puntualmente de todos los pasos que se den al respecto.

La solicitud debe acompañar una copia completa del contrato de arrendamiento que incluya de forma expresa el medio de pago a la persona arrendadora y acreditar que se han pagado las tres últimas mensualidades.

Esta ayuda se podrá solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis meses, hasta el 30 de septiembre, según consta en la orden aprobada por el Gobierno central.

¿De cuánto dinero se trata?

Puede llegar hasta 900 euros al mes y el 100% de la renta del alquiler y por un plazo de máximo 6 meses, pudiendo ser el primer mes el mes de abril, pero insisto, se solicita en junio.
Si además se han recibido las ayudas transitorias de financiación (préstamos avalados por el Estado para el pago del alquiler del artículo 9 del RDL 11/2020), esta nueva ayuda podrá alcanzar los 5.400 euros en total por beneficiario, es decir, al máximo de 900 euros al mes.

¿Es compatible con otras ayudas?

Sí. El único límite es que la suma de las ayudas percibidas no supere el importe del alquiler del mismo período.

Fuente normativa:

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

(Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos)

I. ARRENDAMIENTOS DE USO DISTINTO A LA VIVIENDA

-Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.

¿En qué consiste?

Básicamente se trata de que a partir del 21 de mayo se puede solicitar al arrendador dejar de pagar el alquiler hasta el cese de la última prórroga que exista del estado de alarma  y un máximo de cuatro mensualidades más, y pagar esas mensualidades sin intereses en un máximo de dos años, siempre dentro de los límites de lo que dure el contrato de alquiler.

Se trata simplemente de un acuerdo entre arrendador y arrendatario, siempre que el arrendatario sea de los considerados “grandes tenedores” (propietarios de más de 10 inmuebles sin contar garajes y trasteros).

1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria, que cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la moratoria establecida en el apartado 2 de este artículo, que deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta.

2. La moratoria en el pago de la renta arrendaticia señalada en el apartado primero de este artículo se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

-Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.

¿En qué consiste?

En la posibilidad de utilizar la fianza depositada como pago del mes corriente de alquiler.
Exclusivamente en el marco del acuerdo las partes podrán disponer libremente de la fianza prevista que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. El arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.

1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, o de industria, cuyo arrendador sea distinto de los definidos en el artículo 1.1, y cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario.

2. Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refieren los apartados anteriores, las partes podrán disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.

-Autónomos y pymes arrendatarios a efectos del artículo 1 y el artículo 2.

Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de este real decreto-ley, los autónomos y pymes arrendatarios cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por el autónomo:

a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

2. En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por una pyme:

a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

Requisitos:

El arrendatario tiene que acreditar estos extremos:

a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

¿Qué documentación debe aportar el arrendatario?

a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de una declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables al arrendador para acreditar la reducción de la actividad.

b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

II. AYUDAS ADICIONALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A LOS AUTÓNOMOS

-Ayuda de 300 euros para trabajadores por cuenta propia, autónomos o mutualistas.

¿En qué consiste?

Es una medida importante, porque incluye actividades no contempladas por el RDL del Gobierno del Estado, por ejemplo, la Junta de Andalucía ha incluido como beneficiarios a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por encuadrarse en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Esta ayuda se solicita on-line y se lleva a efecto mediante una tramitación expres.

Esta ayuda es incompatible con la ayuda estatal a los autónomos por cese de actividad.

Esta medida se ha tomado para complementar las que ya se han adoptado a nivel nacional y llegar a parte del colectivo que no se está beneficiando de algunas de ellas, como la prestación extraordinaria por cese de actividad. La detallo a continuación:

“Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).”
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto Ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus, que incluye entre sus iniciativas la puesta en marcha de una ayuda de 300 euros para trabajadores por cuenta propia, autónomos o mutualistas. Ya son muchos los autónomos que han recibido esta prestación.

¿Cómo se solicita?

Por vía telemática a través de la web de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo a partir del 17 de abril (día siguiente a la publicación en BOJA del Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

Bastará con rellenar un formulario, que incluye una declaración de responsabilidad de cumplimiento de los requisitos exigidos para percibir la ayuda. No habrá que aportar documentación adicional pero sí es necesario el certificado digital, pues al ser un trámite 100% electrónico es la única manera de demostrar la identidad del solicitante.

Algunos datos que tendrá que rellenar el solicitante: el DNI-NIF; domicilio fiscal; empadronamiento en Andalucía; alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en su mutualidad alternativa; declaración del IRPF de 2018 y número de cuenta bancaria para que pueda ser percibida la ayuda.

Estas subvenciones andaluzas tienen el objetivo cubrir los gastos a los que el colectivo sigue haciendo frente, como las cuotas de la Seguridad Social, a pesar de la merma patente de sus ingresos.

Debido al carácter urgente de la medida, el decreto ley establece que la tramitación, que sólo podrá realizarse de forma telemática, se llevará a cabo con un procedimiento simplificado y ágil, de forma que, en una primera fase, el autónomo únicamente tenga que presentar una solicitud 'online' y pueda cobrar la ayuda en el más breve plazo posible, para hacer frente a los gastos más inmediatos.

Plazos

Con respecto a los plazos, los potenciales beneficiarios podrán tramitar su solicitud desde el día siguiente a la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), es decir desde el 16 de abril, y hasta quince días después de declararse finalizado el estado de alarma o hasta que se haya agotado el presupuesto.

Para cumplimentar la solicitud:

Basta con rellenar el formulario telemático, que incluye una declaración de responsabilidad de cumplimiento de los requisitos; el DNI-NIF; domicilio fiscal; empadronamiento en Andalucía; alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en su mutualidad alternativa; no ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad; número de cuenta bancaria para que pueda ser percibida la ayuda y declaración del IRPF para aquellos solicitantes que estaban dados de alta en ese ejercicio fiscal.

Beneficiarios

Para ser beneficiario de la ayuda, el decreto ley establece como requisitos:


1.  Ser trabajador por cuenta propia o autónomo con domicilio fiscal en Andalucía

2. Estar afiliado al Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en la mutualidad correspondiente, en la fecha de la entrada en vigor del estado de alarma (14 de marzo).

Se excluyen de la ayuda a aquellos autónomos que se han acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad que aprobó el Gobierno en el Real Decreto Ley de 29 de marzo, a aquellos trabajadores por cuenta propia o mutualistas cuya actividad está considerada como servicio esencial, y aquellos autónomos que tengan en su declaración de la renta una base liquidable general y del ahorro que supere tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (unos 39.900 euros anuales).

No obstante, dentro de los servicios esenciales, sí se ha incluido como potenciales beneficiarios a trabajadores por cuenta propia que desarrollan distintas actividades. En concreto, se han fijado hasta 99 tipos de profesiones de muy diversa índole y sector, entre las que se encuentran sanitarios (como odontólogos, fisioterapeutas, logopedas); artesanos (fabricación de papel, productos de madera, vidrio, hierro, instrumentos musicales); autónomos de centros o clínicas veterinarias; ópticas y productos ortopédicos; prensa y papelería; tintorerías; fotografía; textil y confección; componentes electrónicos; servicios de transporte de personas; abogados; procuradores; intérpretes; psicólogos; profesionales del sector de la flor cortada; actividades relacionadas con las telecomunicaciones; fabricantes de quesos o servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad, entre otros.

En total, se prevé que más de 150.000 trabajadores por cuenta propia podrán acogerse a esta ayuda de 300 euros, que se cobrará en un solo pago y es compatible con otras ayudas que reciban los autónomos, salvo la prestación excepcional por cese.

Por último, el decreto ley indica que se trata de ayudas de concurrencia no competitiva, y hasta agotar presupuesto.


Mar Díaz Gamero
Abogada
Asesora Financiera

FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN. 2014 ©
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